0. Opinión personal sobre la piratería

Antes de continuar quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con la “definición” actual de piratería. ¿Qué tiene de malo que comparta música con mis amigos, siempre y cuando no les cobre por ello? Creo que estamos confundiendo “propiedad intelectual” con “derechos de explotación”.

El sistema de patentes del mundo científico/industrial tiene sentido porque concede al autor o inventor la exclusividad durante cierto período de tiempo. A cambio, cuando termina dicho plazo, su creación pasa a formar parte del conocimiento global.

La actual legislación, que permite a una entidad somo la SGAE cobrar derechos de autor en conciertos benéficos o en actuaciones teatrales sin ánimo de lucro o en bares y peluquerías por tener la radio puesta (cuando las emisoras ya pagan por retransmitir esa música), no me parece justa.

Centrándonos en la música, ha quedado demostrado una vez más que tiene buena salud y que la crisis sólo afecta a la industria discográfica. Industria, que no cultura. Y discográfica, que no musical. No confundamos los términos.

El modelo de distribución está obsoleto y no se recicla. Con los avances que ha habido en la tecnología en los últimos 20 años, ¿por qué no ha mejorado nada el mundo de la industria discográfica? Seguimos anclados en el viejo formato del CD, que resulta poco práctico por no hablar del espacio que ocupa en comparación con un disco duro, por ejemplo, o de su precio.

Si de verdad el Gobierno (este o cualquier otro) estuviera interesado en fomentar la Cultura en general, y la música en particular, habría más subvenciones para los artistas.

Se podrían crear, por ejemplo, estudios de grabación gratuitos en los que cualquiera pudiera registrar su música y distribuirla gratuitamente por Internet, un medio mucho más ágil y económico. De esa forma, los “nuevos talentos”, que tantas veces nos mencionan los cantantes consagrados cuando hablan de que están “en peligro”, tendrían más posibilidades de darse a conocer y, por lo tanto, de ganarse la vida con los conciertos, que es lo que realmente les da de comer.

Aclarado ese punto, me parece bien que a quien cometa un delito se le juzgue y condene si es culpable, pero siguiendo los trámites correspondientes. Es decir, a través de un proceso judicial.

También me parece totalmente legítimo que los artistas tengan derecho a ganarse la vida, por supuesto. Pero quizás la solución pase por buscar otras opciones alternativas que realmente fomenten la cultura y la creación.

Dicho esto, si todavía sigues leyendo, empecemos con la ley y su famosa disposición.

1. La economía “sostenible”

Primer detalle cuando menos curioso, el título de la Ley y su objetivo:

Artículo 1. Objeto

Esta Ley tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.

¿Por qué se mezclan la economía, la cultura, internet y la piratería? Es más, ¿qué tiene que ver la industria discográfica (la mayor beneficiada de la Disposición final primera) son el término “sostenible”?

Leo en la Wikipedia la definición de desarrollo sostenible, según la ONU:

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

Otras dos frases de la misma página:

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas.

…se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana.

Si alguien encuentra alguna relación entre distribuir discos y conceptos como ecología, necesidades básicas y sostenibilidad, por favor que deje un comentario en este mismo artículo, porque yo soy incapaz.

El 28 de enero podíamos leer en Expansión la opinión del Consejo Económico y Social sobre la Ley de economía sostenible. El CES, cito textualmente la noticia, criticaba que el Gobierno hubiera “mezclado en una ley diversas normativas, sin conexión entre unas y otras y sin una memoria económica adecuada, lo que dificulta su comprensión”.

Volviendo al tema del título de la Ley, el CES (órgano consultivo pero no vinculante) “pone de relieve la contradicción que existe entre los fines sociales que, en su opinión, busca la Ley de Economía Sostenible y el hecho de que apenas aparezcan a lo largo del articulado”.

2. La vía judicial y los derechos fundamentales

No soy ningún experto en derecho, pero ¿de verdad es necesario un procedimiento “de urgencia” como el que plantea la Ley para salvaguardar los derechos de autor?

Cito a los que si que entienden del tema, Pedro J. Canut en blogespierre:

…con sólo dos párrafos [...] el ejecutivo deja en manos de la Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura – y por tanto excluye de la jurisdicción ordinaria – el “enjuiciamiento” de las eventuales vulneraciones de derechos de propiedad intelectual por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Más adelante califica la ley de “desjudicialización ‘in malam partem’ de los conflictos que puedan surgir entre prestadores de servicios de la sociedad de la información y titulares de derechos protegidos por la propiedad intelectual”.

Es decir, que sería el propio Gobierno quien hiciera la Ley y la aplicara.

Recientemente, el Consejo Fiscal emitió un informe sobre el Anteproyecto de Ley en el que “considera ‘dudoso’ que la protección de la propiedad intelectual ‘deba ponerse a la misma altura’ que la del resto de los bienes jurídicos protegidos (algunos de ellos derechos fundamentales)”.

3. Ámbito de la ley

¿Qué criterios se van a seguir para decidir si a un sitio web se le puede aplicar esta Ley o no? ¿El nombre de dominio, la nacionalidad del titular, la localización del servidor,…? ¿Qué ocurrirá cuando la web que presuntamente infringe los derechos de autor esté alojada en un servidor de otro país? ¿O pertenezca a un ciudadano de otra nacionalidad que no resida en España?

Creo que nuestros queridos gobernantes y legisladores no han tenido en cuenta aspectos clave a la hora de llevar a la práctica las medidas que plantean.

Es más, como bien comentan en el artículo de blogespierre no se entiende la diferenciación entre medios tradicionales y digitales, además de la reflexión sobre las posibles consecuencias negativas para la economía que puede conllevar la aplicación de la Ley:

¿Que empresa va a querer alojar sus webs en servidores situados en territorio nacional?

Esto me lleva a los dos siguientes apartados: el desconocimiento de Internet que demuestran los “expertos” consultados y la poca o nula efectividad de la Ley, en caso de que se apruebe.

4. Efectividad

Parece ser que no aprendemos de errores pasados. En el 2000, Napster era el no va más de la piratería. Una red de usuarios que compartían de forma gratuita sus archivos musicales.

Una demanda hizo caer la empresa pero este tipo de intercambio de ficheros no sólo no disminuyó con el golpe asestado, sino que aumentó con el nacimiento de aplicaciones similares (eMule, eDonkey, Ares,…) que en algunos casos, 10 años después, siguen gozando de buena salud.

Por no hablar de los sitios web de “alojamiento” de ficheros de gran tamaño, como rapidshare o megaupload, que los propios usuarios han convertido en auténticos nidos de piratería.

Ahora, el testimonio profesional. El CES, en el artículo antes citado, también opinaba que “una ley tan ambiciosa como la que plantea el Gobierno carece de instrumentos de gestión, control, seguimiento y supervisión”.

5. Desconocimiento del medio y gasto inútil

La administración pública, como siempre, va un paso (o dos) por detrás del resto del mundo. Puedo entender que para un “gigante” de este tipo resulte difícil moverse con agilidad y estar al día en innovaciones tecnológicas, pero no me cabe en la cabeza que se cree una comisión de “expertos” para redactar un anteproyecto de ley y los resultados demuestren tanto desconocimiento de las características de Internet.

Esto sólo sería preocupante para el Gobierno y su imagen pública, si no fuera porque el dinero que (supuestamente) se malgasta durante el proceso es de todos.

Conclusiones

• Esta no es la Ley que quieren los usuarios, por lo tanto el pueblo, sino la que beneficia a unos pocos.
• Se intenta equiparar los derechos fundamentales con la propiedad intelectual.
• No se trata de medidas de desarrollo sostenible sino de sostener a toda costa un modelo de negocio sin futuro.
• Las medidas que se pretenden adoptar no funcionarán porque en el momento que se cierre una web, surgirá un clon en otro lugar del mundo.
• Va a generar un gasto inútil, debido al (presunto) desconocimiento del medio de quienes la han redactado.

Si el Gobierno pretendía generar polémica, lo ha conseguido.

Texto íntegro del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (confío en que no me recién el blog por enlazarlo…).

La foto de la piratería es de Laboratorio en Movimiento, la de la Ministra pertenece a ottoreuss2. Ambas han sido obtenidas de Flickr y están compartidas con licencia Creative Commons, que permite “copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra”, así como “hacer obras derivadas” siempre y cuando se reconozca al autor de la obra y se distribuya en los mismos términos, como es el caso.

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático, en especial: presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado y protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda la ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El Gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la total incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200.000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgente la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas, como todos los trabajadores, tienen derecho a poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciados, y no limitados, como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, el dinero público (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible

http://Red-SOStenible.net

La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, bloguéalo, difúndelo.

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

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